Adrián Teruel Martínez

Resumen: El número de menores que cometen infracciones ha aumentado en los últimos años. Por lo tanto, la importancia de mejorar la intervención ha adquirido una notable relevancia. Existe una serie de factores de riesgo y de protección tanto a nivel individual como social y familiar que deben orientar la intervención. Estos factores, contemplan aspectos sociales que deben ser abordados por una figura profesional que aporte esa mirada social en la intervención. La importancia de este enfoque descansa en que cada píldora de la esfera social de la persona menor influye de manera directa en el comportamiento y evolución de esta.

Palabras Clave: Menores infractores/as, Factores de riesgo y protección, Conflicto social, Perspectiva social, Trabajo Social.

Abstract: The number of minors committing offenses has increased in recent years. Therefore, the importance of improving intervention has gained significant relevance. There are a series of risk and protective factors at both individual and social/family levels that should guide the intervention. These factors encompass social aspects that require addressing by a professional figure providing a social perspective in the intervention. The significance of this approach lies in the fact that each aspect of the minor’s social sphere directly influences their behavior and development.

Keywords: Juvenile offender, Risk and protective factors, Social conflict, Social perspective, Social Work.

INTRODUCCION

Antes de aterrizar en el concepto de menor infractor/a, debemos entender el concepto de “menor en conflicto social”, así como el marco legislativo que regula la figura de estos/as menores infractores/as. Según el Boletín Oficial del Estado (1995) los/las menores en situación de conflicto social son aquellos/as menores de entre 12 a 18 años con conductas que alteran gravemente las pautas de convivencia y comportamiento social aceptadas, por haber causado o existir el riesgo de generar daño a terceros (Ley 6/1995, Art. 67 de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid). Los/las menores en conflicto social infractores manifiestan conductas antisociales con distintos matices como acciones agresivas, delitos menores y más graves, absentismo escolar, impulsividad y agresividad, o problemas intrafamiliares (Rodríguez, s. f).

MENOR INFRACTOR/A

En base a el tipo de conducta que presenta el/la menor en conflicto social, puede catalogarse como menor infractor/a según la Ley de Responsabilidad Penal de los/as menores L.O. 5/2000 a aquel o aquella menor de entre 14 a 18 años que comete conductas tipificadas como delitos en el Código Penal, y por tanto, existe responsabilidad penal en sus actos (Boletín Oficial del Estado, 2000) Cabe destacar que, en caso de no tener 14 años, este concepto no se aplica existiendo otro tipo de normas de protección y educación contempladas en el Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero sobre la protección jurídica del menor. Es muy importante entender que, en la práctica, podemos encontrar distintos tipos de menores infractores/as atendiendo a su conducta y a su situación sociofamiliar. La valoración de la gravedad de la situación atiende a distintas variables como el tipo de conducta y el grado de agresividad o violencia, la reincidencia, la manera en que el/la menor asume o no responsabilidad sobre su conducta, y si muestra arrepentimiento o no, además del nivel de respuesta en caso de existir una anterior intervención. La entidad responsable en la Comunidad Autónoma de Madrid, que atiende a los/as menores infractores/as es la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor infractor, fundada  en 2004 (ARRMI), que cuenta con programas y centros especializados y se coordina con la Fiscalía y Juzgados de Menores para llevar a cabo sus intervenciones (Comunidad de Madrid, 2023).

Las estadísticas recientes sobre este colectivo ponen en evidencia la alarma social que se genera debido al aumento del número de casos. Según el Instituto Nacional de Estadística (2022), el número de menores condenados/as por cometer una infracción penal en el año 2022 se sitúa en 14 026 frente a los 11 238 en 2020. Aunque con una mirada más amplia, el número de menores infractores/as haya bajado desde el 2014, registrándose 15 000 menores condenados/as, es una evidencia que en los últimos años hemos sufrido un movimiento al alza que podría continuar subiendo, y por lo tanto es de vital importancia conocer qué importancia tiene el trabajo social en la intervención, así como sus factores de riesgo y de protección y las distintas líneas de actuación  de las que disponemos desde el trabajo social para intervenir con este colectivo.

La figura del/de la trabajador/a social es crucial en el tratamiento con menores infractores/as, ya que la esfera social es determinante a la hora de comprender de una manera más amplia la naturaleza y las causas-efecto de los comportamientos desviados cometidos por los/as menores. Según Rodríguez (2014) el/la trabajador/a social realiza el seguimiento del/de la menor y en base a dicho seguimiento se pueden establecer nuevas líneas de actuación que disminuyan el riesgo, y que tengan en cuenta las distintas esferas vitales del/de la menor. La evidente importancia del contexto social en el comportamiento del/de la individuo/a se puede simplificar con la siguiente cita: “El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad que lo corrompe”-Jaques Rousseau (Manzano 2020). Por lo tanto, es importante destacar que la intervención con este colectivo no debe ser únicamente desde el campo de lo psicológico y la patología, sino también desde una mirada social, que contemple a el/la individuo/a como parte de un sistema social amplio e interconectado en el que cada una de las partes tienen una influencia en el comportamiento desviado de o de la menor.

FACTORES DE RIESGO MENORES INFRACTORES/AS

Los factores de riesgo en menores infractores/as son variables individuales y sociales que fomentan la aparición de conductas delictivas (Mampaso, et al., 2014). Pueden ser estáticos, es decir que no puedan alterarse (ej. ser víctima

de abuso infantil) o dinámicos, que pueden alterarse (ej. habilidades sociales). Cabe destacar que la intervención debería estar basada en reducir estos factores dinámicos, y en todo caso, en tratar los efectos de los factores estáticos. Es importante que la intervención con menores infractores/as tenga en cuenta los distintos factores de riesgo, para intervenir reduciendo al máximo los primeros y fomentando el tratamiento de los segundos en caso de que aparezcan.

En cuanto a los factores de riesgo, hay distintas maneras de catalogarlos según distintos autores. Según Sanchez (2012), podemos dividirlos en varios tipos:

• Factores psicológicos: Entre los factores psicológicos encontramos la baja autoestima, escasas habilidades de afrontamiento, ansiedad y derivados, baja tolerancia a la frustración o la rigidez cognitiva.
• Factores familiares: Los factores familiares, corresponden a situaciones de inestabilidad, estilos parentales inadecuados, modelos inapropiados educativos, padres delincuentes.
• Factores sociales: En cuanto a los factores sociales, el autor menciona entornos conflictivos, exposición a modelos antisociales, acceso a sustancias toxicas y red social escasa, red de iguales delincuentes.
• Otros factores: Hay otros factores que el autor menciona, además de otros que no. Por ejemplo, el desempleo, la inactividad o el absentismo escolar.

Otro factor sería el simple hecho de ser varón, haber sido víctima de algún delito en la infancia, o la precariedad laboral.

Estos factores, cuando aparecen en un/a menor, no determinan que vaya a convertirse en un/a infractor o no, pero si aumenta la probabilidad de que ocurra. De manera, que es de vital importancia trabajar en la prevención y en la intervención prematura para poder reducir estos factores, desde las técnicas y habilidades propias del trabajo social. Los factores de riesgo asociados a este grupo se pueden trabajar de distintas maneras, enfocadas desde el trabajo social:

1. En primer lugar, Rodríguez (2014) menciona la importancia de desarrollar un marco teórico y seguir aumentando la literatura sobre este colectivo, para poder conocerlo a fondo y ajustar la intervención de la manera más adecuada. Esto puede realizarse desde la profesión del trabajo social

mediante la investigación y recopilación de información en la intervención directa.

• En segundo lugar, el trabajo con las familias: Como se expone en la lista de factores de riesgo, la familia tiene un papel crucial en el desarrollo de los/as menores infractores/as. El/la trabajador/a social puede trabajar de manera directa y conjunta con las familias para desarrollar programas y herramientas de atención al/a la menor para la prevención (López, 2018).
• En tercer lugar, el desarrollo de habilidades sociales en el/la menor, que resulta un pilar básico de herramientas que permitan a él/la menor gestionar situaciones que propicien la conducta desviada. Desde el trabajo social, se pueden realizar talleres grupales que trabajen en la adquisición de estas habilidades (Rodríguez, 2014).
• Por otro lado, según García (2019) los/as trabajadores/as sociales pueden dotarse de distintas herramientas que evalúen riesgos, que permitan detectar de manera precoz este tipo de delincuencia juvenil, para el desarrollo de planes de intervención adecuados a cada caso.

Es importante destacar que cuando estos factores de riesgo se trabajan, pueden convertirse en factores de protección.

FACTORES DE PROTECCIÓN (Mampaso, et al. ,2014)

Los factores de protección pueden definirse como elementos ambientales y/o individuales, que actúan como inhibidores del comienzo y mantenimiento de la carrera delictiva en los/as menores. Es cierto que los estudios y evidencias sobre esta área no son suficientes ni concluyentes, pero sí que se han identificado determinadas características que si se fomentan pueden trabajar como factores preventivos, reeducativos y reinsertores. No obstante, es importante recalcar que estos, al igual que los factores de riesgo cambian dependiendo de la edad de la persona, así como de las necesidades y características individuales del/de la menor. Por lo tanto, el/la trabajador/a social debe de estar dispuesto/a y preparado/a para realizar la intervención teniendo en cuenta esta individualización. A continuación, se enumera una lista general de factores de protección, que pueden ser utilizados por trabajadores/as sociales para intentar fomentarlos:

• Relaciones familiares positivas y sólidas: Es de vital importancia para que los/as menores tengan el apoyo emocionar preciso para evitar esas actuaciones delictivas.
• Rendimiento académico: El éxito académico se ha relacionado en numerosos estudios con una menor participación en actividades delictivas.
• Actividades extracurriculares: Participar en distintas actividades como deportes, colectivos prosociales, y otras actividades lúdicas saludables, son alternativas a el “tiempo muerto” a menudo utilizado por menores infractores/as en distintas actividades antisociales.
• Habilidades sociales altas y capacidad en la resolución de problemas.
• Autoestima saludable, que puede mejorarse a través del desarrollo de la inteligencia emocional, y permite que se evite que la falta de una buena autoestima se canalice con comportamientos delictivos.
• Vínculos prosociales dentro y fuera de la esfera familiar: Es decir, que la red de iguales no sean grupos delictivos o antisociales, y que las relaciones familiares fomenten las conductas prosociales y no las antisociales.
• Contexto normativo comunitario: Es importante destacar la importancia de las normas y leyes, así como las actuaciones gubernamentales para combatir con la delincuencia juvenil. Un contexto más “duro” se ha relacionado en numerosos estudios con un menor grado de delincuencia juvenil.

Es importante destacar que al igual que los factores de riesgo pueden ser factores de protección cuando se trabajan, como hemos comentado, pero que los factores de protección pueden ser factores de riesgo cuando hay una carencia en estos.

LA PERSPECTIVA SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN CON MENORES INFRACTORES/AS

La importancia de que se aborde el tratamiento e intervención con menores delincuentes, desde una perspectiva social y no meramente psicopatológica, descansa en el argumento de que los factores sociales, familiares y contextuales,

deben abordarse desde está mirada por varias razones. Cuando miramos a él/la individuo/a desde esta mirada, permite la adquisición de una comprensión profunda de la persona, considerando su entorno social, familiar y personal (Rodríguez, 2014). No es posible abordar la intervención de un/a menor infractor/a sin tener en cuenta su entorno, con que iguales comparte el tiempo y de qué manera o qué tipo de relaciones y roles se ejercen en el grupo familiar. Igualmente, el contexto social y normativo influye de manera directa en el desarrollo de las carreras delictivas de los/as jóvenes. El desarrollo de leyes y políticas, los valores compartidos por los/as jóvenes y la cultura comprenden aspectos para tener en cuenta cuando planificamos la intervención. De esta manera, se precisa una intervención integral que no solo tenga en cuenta el comportamiento delictivo de la persona menor, sino que también tiene en consideración factores subyacentes a este tipo de comportamientos que puedan tener influencia en su aparición.

Por lo tanto, la intervención con menores infractores/as debe estar planteada desde una mirada interdisciplinar donde distintas disciplinas aportan conocimiento para que, en su conjunto, resulte en una intervención o prevención efectiva. Así, la complementariedad que aportan los/as distintos/as profesionales es clave para abordar la situación desde diversas perspectivas, mejorando la eficacia de la intervención y prevención y atendiendo de una manera integral a la diversidad de necesidades de heterogéneas naturalezas que puedan presentar los/as menores de este colectivo. Estos/as profesionales deben ser profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología, la psiquiatría, la abogacía, e incluso la enfermería y la medicina (Rodríguez, 2014).

CONCLUSIONES

• En la intervención social con menores, debemos contemplar la posibilidad de que estos/as puedan estar en situación de conflicto social, y en base a el tipo de conductas que mantengan, en caso de serlo, debe catalogarse a él/la menor como menor infractor/a, para ofrecer una intervención que se ajuste a su situación.

• Es importante tener en cuenta las distintas variables que catalogan la condición (conducta-situación) o la gravedad de las conductas y la potencial desprotección que pueda tener un/a menor infractor/a.
• La figura de la persona menor infractor/a se ha visto aumentada cuantitativamente en los últimos años, por lo que es necesaria una correcta formación y conocimiento de sus características por parte de los equipos técnicos.
• La figura del/de la trabajador/a social es de vital importancia en el tratamiento de menores infractores/as ya que la esfera social es determinante tanto en la prevención, como en la intervención.
• Los/as menores infractores/as tienen una serie de factores de riesgo y de protección dinámicos sobre los cuales debemos centrarnos en la intervención y la prevención. Estos pueden clasificarse en distintas categorías, como familiares, individuales o sociales.
• La intervención con menores infractores/as que incluye una mirada social es más efectiva, ya que aporta un enfoque de intervención integral que no puede conseguirse sin tener en cuenta el entorno social del/de la menor.
• Es imprescindible que la intervención con menores se ejecute desde una perspectiva multidisciplinar involucrando a los distintos actores que la componen (psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, etc.).

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