EL ROL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LA PROTECCION DE MENORES EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

 Ariadna Grigaliunas Nicolás

Resumen

El conflicto armado ha ido sido un problema grave en Colombia durante más de 50 años. Las consecuencias de la violencia de estos grupos han afectado a miles de ciudadanos/as y familias en todo el país. Aunque en la actualidad la presencia de los grupos armados es menor, siguen existiendo y representan una amenaza. La población colombiana ha sufrido profundamente debido al dolor, los /desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, convirtiendo estos aspectos en una de las mayores preocupaciones.

En este contexto, los/as trabajadores/as sociales desempeñan un papel fundamental en la protección de la infancia. Abordan el impacto psicosocial que la violencia tiene en los/as menores y facilitan su reintegración en la sociedad. En este artículo explorará el rol de los/as trabajadores/as sociales, destacando los programas de prevención reintegración, así como los desafíos que enfrentan estos/as profesionales para ayudar a los/as menores. Además, se presentarán propuestas para maximizar el impacto en la protección de los derechos de la infancia.

Palabras Clave: Conflicto armado, Protección infantil, Programas protección, Desafíos trabajadores sociales.

Introducción

El conflicto armado colombiano se estima nace en 1964 con la formación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Los grupos surgieron como movimientos ideológicos en respuesta a políticas agriarías y desigualdades sociales de décadas anteriores. Los grupos en un primer momento exigían al gobierno unas reformas agrarias y justicia social. Pero a lo largo de los años, el uso de la violencia no disminuyó y la presencia de las guerrillas se fortaleció. Con el tiempo, estos grupos al margen de la ley se vieron involucrados en diversos delitos como reclutamiento forzado, agresiones sexuales, torturas, secuestros, masacres, entre otros. El problema empeoró cuando empezaron a actuar contra los/as menores con fines de explotación sexual y mano de obra.

Según datos de la Comisión de la Verdad (2022), el impacto del conflicto armado en menores ha sido devastador, manifestándose con desplazamientos masivos, secuelas psicológicas, interrupciones educativas y la perdida de familiares entre otros efectos. Estos impactos, tanto directos como indirectos, atentan contra los derechos del/de la niño/a y la infancia al limitar su desarrollo físico, emocional y social.

En este contexto, la labor de los/s trabajadores/s sociales es imprescindible, pues son profesionales que están altamente capacitados para intervenir con menores y ayudar a minimizar las secuelas que puedan tener por el conflicto, dándoles la oportunidad de un futuro.  A continuación, se analizará el impacto del conflicto armado en los/as menores y el papel crucial de los/as trabajadores/as sociales en su protección.

Impacto del conflicto armado en los/as menores

En Colombia, los menores se han visto altamente afectados por la presencia del conflicto armado en sus territorios, que atentan directamente sobre ellos/as y sus derechos. En los últimos años, las cifran han sido alarmantes. Algunos datos recopilados de UNICEF (2022), que reportaron que durante el 2022 hubo al menos 268 000 menores que se vieron directamente afectados, de los cuales 25 000 son casos de desplazamiento y 30 000 que han estado confinados en sus comunidades. Estos confinamientos han afectado también el acceso a servicios esenciales como salud y educación.

Consideramos el impacto del conflicto armado en menores en las siguientes áreas: el reclutamiento forzado de menores, desplazamiento y violencia sexual, educación y desarrollo social, derechos humanos, salud mental y desintegración familiar.

En torno al reclutamiento forzado de menores según COALICO (2023), entre el 2022 y 2023 el reclutamiento forzado de al menos 919 menores por año. La mayoría de ellos/as provenientes de las zonas rojas de Colombia, comunidades altamente vulnerables por escasa protección estatal. Los/as menores fueron forzados a actividades entre espionaje, transporte de drogas o combates directos (ICBF, 2023).  Los datos estiman incluso en algunos casos, que grupos como el ELN, el 52 % de los/as menores integrantes fueron captados en su niñez o adolescencia (ONCA, 2023).

Hoy en día, los derechos de los/as menores se han visto altamente afectados por las presencias de las guerrillas. Las Naciones Unidas (2022) reportaron que en el 2022 hubo múltiples incidentes de reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, lesiones y homicidios, incluso ataques en instituciones educativas, en los cuales más de 18 000 menores se vieron afectados/as. Este dato incluye 7 622 casos de reclutamiento forzado y 2 985 muertes o mutilaciones (Naciones Unidas, 2022).

En cuanto al desplazamiento y la violencia sexual, es evidente que siguen siendo consecuencias directas del conflicto armado, afectando a familias enteras y, por supuesto, a menores. En relación con la violencia sexual, se han reportado casos de niñas reclutadas que enfrentan altos niveles de violencia de género, incluyendo abusos sexuales y abortos forzados. Muchas de las niñas son explotadas como las “parejas” de comandantes de las guerrillas, los abortos forzosos forman parte de las prácticas de control de estos grupos (Human Rights Watch, 2022). Otras fuentes como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han hecho un arduo trabajo tras iniciar investigaciones al reconocer los graves hechos y considerarlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, la falta del acceso a justicia y atenciones a las víctimas en las zonas rurales donde hay más impacto de los grupos armados, hacen que los procesos sean más lentos e incluso deficientes (JEP, 2023).

Podemos entender que el conflicto armado deje a los/as menores no solo con traumas psicológicos por la exposición a la violencia, sino también experimentan síntomas de ansiedad, estrés postraumático y depresión. El impacto emocional que conlleva el conflicto armado en los/as menores es significante. Algunos datos de El Tiempo (2023) hubo un aumento en la tasa de suicidios de jóvenes indígenas afectados por estrés postraumático y miedo al reclutamiento. Además, tienden a tener una peor gestión emocional y pueden llegar a desarrollar mecanismos de defensa como violencia y agresividad. Todos estos problemas afectan directamente a su desarrollo personal y bienestar (El Tiempo, 2023).

Entre la mayoría de los/as menores que se han visto expuestos al conflicto armado y la violencia en sus regiones también han visto afectada su educación. Un informe de la Defensoría del Pueblo (2021) reportó que, en los últimos años, más de 400 escuelas han sido atacadas o afectadas por la presencia de grupos armados, incrementando el riesgo al que están expuestos los menores. UNICEFreportó que en entre 2021 y 2022 alrededor de 98 000 estudiantes abandonaron la escuela (UNICEF, 2022).

Estos efectos se muestran aparecen más en zonas rurales donde la insuficiencia de infraestructura, el transporte y la presencia de guerrillas influyen en la deserción escolar de los menores. Muchos abandonan sus estudios debido al desplazamiento o reclutamiento forzado, los que los pone en mayor peligro de caer en la pobreza y la exclusión social cuando alcanzan la edad adulta. Además, los/as niños/as y jóvenes que han formado parte de las guerrillas, enfrentan con frecuencia estigmas sociales, desigualdades educativas y falta de recursos en las áreas rurales afectadas, lo que complica su reintegración en la comunidad. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2023), el 4,86 % de los menores desvinculados no contaban con ningún tipo de educación formal y que en torno al 55,5 % no habían llegado a terminar la primaria (ICBF, 2023).

Finalmente, otra consecuencia muy significativa es la desintegración familiar. La pérdida de familiares, especialmente de figuras paternas, se ven obligados a asumir roles de forma prematura. Esto los/as expone al trabajo infantil y riesgo de explotación. La mayoría de estos/as niños/as, provienen de zonas rurales vulnerables y con bajos recursos económicos, carecen de un apoyo emocional, lo que incrementa su vulnerabilidad al reclutamiento. (ICBF, 2023; UNICEF, 2023). La falta de acceso a servicios básicos, como la educación y la salud, aumenta las probabilidades de que los menores deban contribuir económicamente al hogar, exponiéndose diversos riesgos.

Para finalizar, los datos expuestos son un llamado urgente a la necesaria intervención de los/as trabajadores/as sociales y otros agentes tanto institucionales, no gubernamentales, como empresas privadas, para ayudar a la protección de menores, reconstruir el tejido familiar en estos territorios vulnerados y vulnerables, atendiendo las necesidades de los más afectados.

 El rol del/de la trabajador/a social en la protección de menores

Como ya habíamos comentado antes, el rol de los/as trabajadores/as sociales en la prevención del reclutamiento forzado de menores es crucial. La implementación de programas educativos, centros de protección de menores, actividades de sensibilización y el trabajo con comunidades vulnerables podría contribuir significativamente a generar mayor cohesión e implementar mecanismo de protección para los/as menores. Según Casado (2020), los/as trabajadores/as sociales no solo facilitan el acceso a estos programas, sino que coordina entre instituciones claves como son las escuelas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales para crear entornos protectores. Colaborando con escuelas y líderes sociales, se pueden crear entornos protectores que reduzcan la influencia de los grupos armados en los/as jóvenes.

En temas de prevención y sensibilización comunitaria, encontramos una asociación muy reconocida no solo en Colombia sino a nivel mundial: Benposta Nación de Muchachos. Esta asociación sin fines de lucro no solo funciona como agente protector de menores en riesgo con conflicto armado, sino que también destaca por el trabajo realizado directamente con las comunidades afectadas por guerrillas (Benposta Nación de Muchachos, 2023).

Según Benposta (2023) promueve valores fundamentales de autonomía, respeto y sentido de pertenencia. A través del sistema pedagógico de autogobierno, los/as jóvenes en el centro podrán desarrollar otras habilidades esenciales como responsabilidad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, entre otras, contribuyendo al desarrollo integral del/de la menor.

Es crucial que los/as trabajadores/as sociales trabajen de la mano con instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales para crear mecanismos y programas que conviertan el entorno educativo en un espacio seguro para los/as menores. Además, deben facilitar el regreso de algunos a las instituciones educativas, gestionando casos de estigmatización y ayudando a las escuelas a adaptar sus métodos de enseñanza para abordar las necesidades de los/as jóvenes.

Retomando el ejemplo de Benposta, ésta cuenta con un centro educativo en sus instalaciones. Las aulas, con pocos/as estudiantes, permiten una atención mucho más personalizada, con currículos adaptados no solo a las edades de los/as jóvenes sino también al nivel en el que se encuentra cada alumno/a. A los nuevos que llegan se les realiza una evaluación inicial para entender en qué punto están y qué apoyos extras necesitan. En algunos casos, se trata de niños/as indígenas o afros, donde el principal problema puede ser el analfabetismo y las barreras de idioma, o niños/as con retrasos en el aprendizaje para su edad.

El trabajo de los/as trabajadores/as sociales en este centro está enfocado en también crear unos programas adicionales de formación adaptada al nivel en el que se encuentren, de tal forma que los/as jóvenes puedan desarrollarse a nivel personal.

Otros roles que pueden adquirir los/as trabajadores/as sociales en este ámbito son la mediación comunitaria y construcción de las redes de apoyo. Puesto que los/as trabajadores/as sociales son facilitadores de diálogo entre comunidades, instituciones y organizaciones no gubernamentales para de esta forma crear apoyos comunitarios sólidos. Algos aspectos que se pueden incluir es fomentar los espacios seguros para que tanto menores como familias puedan acceder a los servicios básicos de salud y educación. Destacamos la importancia de crear redes protectoras fuertes especialmente en las áreas rurales, pues según informes de la COALICO, 26 de los 32 departamentos colombianos vulneran los derechos de los niños, acentuando la clara necesidad de las redes de apoyo. (COALICO, 2023).

Desde la atención psicológica, los/as trabajadores/as sociales coordinan terapias para menores y familiares para ayudar procesas traumas y colaborar con una integración más positiva en la sociedad.

En relación con la garantía de los derechos, los/as trabajadores/as sociales traban junto con otras instituciones judiciales para que los/as menores reciban la protección adecuada basándose en los derechos internacionales de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989). Estas actuaciones incluyen los seguimientos de los casos de violencia sexual y explotación (UNICEF, 2023).

Por otro lado, los/as trabajadores/as sociales cumplen con el rol fundamental en la prevención de desplazamiento y reclutamiento forzado de menores, pues según informes de COALICO, ha habido varios bloqueos de sumisitos básicos y desplazamientos masivos en varias regiones afectadas (COALICO, 2023). Los/as trabajadores/as sociales tratan directamente con las familias para garantizarles sus derechos a vivienda, educación y alimentación de tal forma que reduzcan las posibilidades de poner en riesgo a los menores.

 Desafíos en la intervención de trabajadores/as sociales en contextos de conflicto

A pesar de todos los avances tanto legales como sociales y los programas exitosos sobre el tema, los/as trabajadores/as sociales siguen enfrentando desafíos significativos en esta área que dificultan y comprometen su labor como agentes protectores. Algunos de estos desafíos, como la falta de recursos económicos y la sobrecarga de trabajo, limita la calidad de la atención que pueden ofrecer. Además, tanto la situación económica y los altos niveles de corrupción han dificultado asignar más fondos para la protección infantil. 

Además, la sobrecarga de trabajo se debe a que no hay muchos/as profesionales que deseen dedicarse a esta área, ya que la intervención puede poner en riesgo su vida y seguridad, puesto que trabajan directamente en las «zonas rojas». En estas áreas, están expuestos a peligros que pueden afectarlos/as de manera directa o indirecta, ya que, en muchos casos, cuando las guerrillas no pueden llegar directamente a su objetivo, atentan contra conocidos, como familiares o amigos/as, para llamar la atención. Este tipo de peligro limita el alcance de algunos programas de protección de la infancia en las regiones.

También, los/as trabajadores/as sociales que laboran en este ámbito se enfrentan a desafíos legales y burocráticos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), busca reparar los derechos de las víctimas del conflicto en Colombia. Es importante cuando hablamos de contexto de protección infantil porque reconoce a los/as menores como sujetos de derechos, el cual prevé que puedan recibir la atención psicosocial que precisen y apoyo para la reconstrucción del tejido social y familiar, así como programas de reintegración. Sin embargo, los múltiples retrasos y las limitaciones en su implementación afectan la eficacia de los programas de protección de niños/as, menores y adolescentes, y, en consecuencia, la asistencia y protección integral se ve comprometida (Congreso de Colombia, 2011).

Por otro lado, los/as trabajadores/as sociales enfrentan la desconfianza y el rechazo de algunas comunidades afectadas por la asociación al Estado, lo que dificulta acceder a las familias e implementar programas efectivos en las comunidades. Además, como algunas “zonas rojas” hay mucha presencia de indígenas, se encuentran con una barrera lingüística muy grande dificultando la comunicación y detección de las necesidades específicas que pueda necesitar la comunidad.

Además de los mencionados, los/as trabajadores/as sociales también se enfrentan a dificultades del seguimiento de los programas implementados, puesto que la mayoría de los programas que se desarrollan son a corto plazo, pero a decir verdad, los/as menores afectados precisan de apoyos sostenidos y continuos, por lo que la falta de recursos o rotaciones de profesionales afecta directamente en la continuidad y seguimiento de los casos.

Por último, la inseguridad de las zonas más afectadas limita el alcance de los trabajadores sociales, pues se complica llegar a las comunidades y por ende a los menores, el cual quedan desprotegidos.

A pesar de todos los desafíos anteriormente mencionados, el rol en la resolución de conflictos es esencial. Pues según la IFSW (International Federation of Social Workers) “los trabajadores sociales son agentes clave en la construcción de paz y la promoción de la justicia social”. Esto refuerza la importancia del rol de los trabajadores sociales en actuación complejas como el conflicto armado (IFSW, 2020).

En resumen, los/as trabajadores/as sociales enfrentan desafíos significativos, como la falta de recursos, la inseguridad y las barreras burocráticas, que limitan su capacidad para proteger a los menores en contextos de conflicto.

Casos de éxito y mejores prácticas

A pesar de todos los desafíos, existen programas de éxito que, con la dedicación de los/as trabajadores/as sociales lograron mejorar la situación de los/as menores víctimas del conflicto armado. A lo largo del artículo, se ha mencionado a Benposta, que cuenta con tres sedes y al menos ocho puntos de atención de equipos en las zonas afectadas (Benposta Nación de Muchachos, 2023). Algunos de sus resultados incluyen:

• En 2023, Benposta acogió y atendió a más de 500 menores, proporcionándoles un entorno seguro y acceso a una educación personalizada.
•  El 85 % de los/as menores lograron reintegrarse exitosamente a la sociedad, ya sea continuando sus estudios o encontrando empleo.

Dentro de las mejores prácticas que tiene Benposta se encuentran:

• El uso se dé un sistema pedagógico de autogobierno que fomenta la autonomía, el respeto y el trabajo en equipo.
• Y realiza evaluaciones iniciales personalizadas para adaptar los programas a las necesidades específicas de cada menor.

Además, el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en colaboración con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) ofrece proyectos de atención psicosocial que brindan apoyo a los menores a nivel emocional, educativo y familiar (ICBF, 2023; OIM, 2023). Algunos de sus logros incluyen:

• En 2023, el ICBF atendió a más de 3 000 menores desvinculados de grupos armados, proporcionándoles acceso a educación y apoyo emocional.
•  El 70 % de los/as menores atendidos lograron reintegrarse a sus comunidades y continuar con sus estudios.

Entre las mejores prácticas del ICBF y la OIM incluyen:

• Con un enfoque integral que incluye atención psicológica, educativa y familiar.
• Y colabora raciones interinstitucionales para optimizar recursos y maximizar el impacto.

Otros casos de éxito son: el programa “Nidos de Acogida” de UNICEF y la COALICO. El programa “Nidos de Acogida” cuenta con estrategias de protección de menores afectados/as por el conflicto armado, brindando de tal forma atención y apoyo integral. Según UNICEF (2022) en 2022 se protegieron alrededor de 29 000 menores en riesgo de reclutamiento, se establecieron 150 aulas temporales en zonas de conflicto, beneficiando a más de 10 000 estudiantes. Entre sus mejores prácticas destacan:

• Creando entornos seguros para que se puedan desenvolver socialmente. (UNICEF, 2023).
• La capacitación especializada para docentes en temas de traumas y reintegración.

Por su parte, la COALICO, trabaja junto con otras entidades gubernamentales y ONG implementando programas de atención psicosocial y asesoramiento jurídico a las víctimas del conflicto armado. Solo en 2023, atendieron a más de 1 200 menores y se implementaron campañas de sensibilización comunitaria a más de 50 000 personas en zonas rurales. Sus mejores prácticas incluyen:

• Fortalecimiento de redes comunitarias de protección que han resultado efectivas.
• Trabaja para promocionar políticas púbicas enfocadas en la construcción de la paz y protección de los menores (COALICO, 2023).

Estos casos de éxito demuestran, que, a pesar de los desafíos, es posible proteger y reintegrar a los menores afectados por el conflicto armado. Las mejores prácticas como la creación de espacios seguros, la atención personalizada y colaboración interinstitucional pueden ser claves para lograr resultados positivos. Sin embargo, existe la necesidad de ampliar los programas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo para alcanzar un mayor impacto.

Conclusiones y recomendaciones

Podemos concluir que el rol de los/as trabajadores/as sociales en la protección de los/as menores en el conflicto armado es crucial para mitigar el impacto de la violencia en los entornos afectados, así como para ser un apoyo fundamental para los/as menores. Las pautas y programas de prevención y seguimiento de los/as menores víctimas del conflicto armado ayudan a que estos sean promotores de la paz y velen por la protección de los derechos de la infancia.

Para que el trabajo de los/as trabajadores/as sociales tenga un mayor impacto, se podría recomendar: 1) Tanto a organizaciones como a otros agentes internacionales que aumenten la financiación de estos proyectos y los recursos destinados a los programas de atención a menores. 2) Sería importante establecer medidas legales y políticas de seguridad más robustas para los/as trabajadores/as sociales que se desempeñan en este ámbito, con el fin de proporcionar un entorno de trabajo más seguro. 3) Proporcionar formación especializada en temas importantes como intervenciones de crisis y mediaciones comunitarias para un mayor apoyo integral y efectivo. 4) Alanzas estratégicas entre ONG, comunidades locales y sector privado con el fin de aumentar la eficacia de las intervenciones. 5) Desarrollo de los espacios “seguros” para los/as menores como instituciones educativas y formación docente para asegurar un buen desarrollo del menor y evitar las estigmatizaciones. 6) Promoción de políticas de protección tanto para los menores como para los trabajadores sociales con el fin de minimizar posibles riesgos, y 7) Crear un sistema de monitoreo y evaluación de los programas para medir la efectividad de estos y garantizar el seguimiento a largo plazo de los casos.

Finalmente, la protección de los/as menores en contextos de conflicto armado es un desafío urgente que requiere el compromiso de todos los actores sociales para garantizar un futuro digno y seguro para las nuevas generaciones.

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