“El suicido no discrimina: Una mirada al suicidio en personas con discapacidad intelectual”

Candela Rueda
María Laura Morey
María Andrea Delgado

Resumen

Las personas con discapacidad intelectual constituyen un colectivo históricamente discriminado y a menudo invisibilizado, al igual que quienes presentan ideación y conductas suicidas. Este artículo examina la evolución histórica de la discapacidad intelectual y las legislaciones vigentes destinadas a proteger sus derechos. En este contexto, se analiza la incidencia del suicidio en este colectivo, considerando tanto los factores de riesgo como los de protección que influyen en su bienestar. Finalmente, se destaca la importancia de una intervención integral desde el Trabajo Social para abordar y prevenir este fenómeno.

Palabras claves: Suicidio, Discapacidad Intelectual, Trabajo Social, Salud Mental.

Introducción

El suicidio es un fenómeno que constituye un gran problema para la salud pública, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Su impacto es holístico y afecta de manera integral a la sociedad, pues no solo conmociona a los/as allegados/as de quien lo comete, sino que también genera repercusiones a nivel social y económico. No se trata de un problema individual, sino de un desafío colectivo que requiere atención urgente para ser abordado de una manera adecuada. Las causas del suicidio son diversas, y abarcan desde factores psicológicos y biológicos, hasta factores culturales y ambientales presentes a lo largo de la vida. Este fenómeno se caracteriza por ofrecer dos posibles desenlaces tras el desarrollo de las diferentes fases que lo conforman: el logro y el intento. Ambas posibilidades son recopiladas en las estadísticas sobre el suicidio, dado que tienen una correlación significativa que merece ser analizada.

Aunque el suicidio, afecta con mayor frecuencia a ciertos grupos, como las personas entre 15 y 29 años, este fenómeno no discrimina y puede impactar a cualquier persona, sin excepción alguna. Debido a su naturaleza no excluyente y la amplia gama de su presencia, el suicidio puede afectar a personas con discapacidad intelectual, un grupo que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre la salud mental. Se habla de discapacidad intelectual, cuando la inteligencia de una persona y su capacidad para funcionar en la vida cotidiana se encuentran por debajo del nivel esperado en personas de edad similar (Comunidad de Madrid, 2011).

La relación entre discapacidad intelectual y suicidio es compleja y comprende diversas dimensiones y factores de riesgo psicosociales. Entre estos, se destacan los estigmas, la soledad, el aislamiento, los estereotipos, el acoso, las barreras de participación y la exclusión estructural en diferentes ámbitos vitales. Además, la discapacidad en sí misma se considera un factor de alto riesgo para el suicidio.

La prevención de la conducta suicida es un reto primordial a nivel global, y el Trabajo Social puede desempeñar un papel relevante en esta tarea, por ende, su visibilidad es fundamental. A través de esta disciplina, que busca fomentar el cambio, empoderar a la persona, satisfacer sus necesidades y promover su bienestar, se puede impulsar la creación de una red de apoyo sólida que constituya un factor de protección al enfrentar problemas de salud mental (Rodríguez, L. 2019). Asimismo, mediante intervenciones en Trabajo Social que aborden los factores de riesgo sociales, se puede reducir el riesgo de conductas suicidas y contribuir a una mayor inclusión y calidad de vida. Esto se logra de la mano de la implementación de políticas públicas que contribuyan a alcanzar este objetivo.

Historia de la discapacidad intelectual

En España, como en otros países, en este último siglo se ha valorado y establecido la adecuada definición de las personas con discapacidad, cambiando todos los paradigmas históricos y creando nuevas formas de intervención, tratamiento, educación e integración con plenitud en sus derechos. Resulta complicado resumir su evolución, al tratarse de un fenómeno complejo que ha sufrido innumerables cambios, incluso en su propia definición. Sin embargo, es importante entender la visión y desarrollo histórico a lo largo del tiempo en las diferentes civilizaciones y sociedades. Se pueden identificar tres grandes momentos en la historia en relación con la discapacidad intelectual (Portuondo, M. 2004).

En la antigüedad (500 A.C-Edad Media) las personas con discapacidad intelectual eran consideradas no deseadas por la sociedad, incluso peligrosas, permitiendo que las mismas pudiesen ser eliminadas al nacer. Durante la Edad Media, el desarrollo científico se estancó y las personas con discapacidad intelectual eran consideradas herejes o poseídas por fuerzas del mal. Esta creencia llevó a prácticas inhumanas como la tortura y la quema en la hoguera. En esta etapa las personas con discapacidad intelectual pasan de la exclusión a la persecución.

A finales del siglo XIV, con el inicio del Renacimiento y el movimiento humanista, se inició la segunda fase. En esta etapa se hace énfasis en la compasión y se muestran los primeros avances sobre la discapacidad. Se entiende al ser humano como objeto de estudio, considerando como “enfermedad mental” la discapacidad intelectual y haciendo intentos iniciales para clasificar las enfermedades mentales. A lo largo de los siglos XVIII y XIX se profundizó en los estudios de la discapacidad intelectual en las diferentes áreas de las ciencias.

Por último, la etapa que comprende desde mediados del siglo XX hasta la actualidad se caracteriza por la integración y normalización de las personas con discapacidad intelectual. Este cambio del paradigma social fue inspirado por modelos escandinavos europeos y americanos. En esta época se empieza a reconocer el valor intrínseco de la vida y la dignidad humana, promoviendo así la inclusión en la sociedad de los que hasta ahora eran excluidos. Este modelo ha sido reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Legislación vigente

Una vez aclarada la evolución de la visión social de la discapacidad intelectual, sería importante hablar de las diferentes legislaciones que ha desarrollado España para la protección específica y la garantía de derechos para las personas con discapacidad intelectual. Entre las leyes nacionales destacan la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013 y la Ley N. ° 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Adicionalmente, en 2022 se aprobó la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, un plan que pretende mejorar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad y abordar cuestiones como la salud mental, con especial énfasis en la prevención de la depresión y el suicidio.

Al analizar la Ley N. ° 8/2021 se observa un cambio en el enfoque tradicional sobre la capacidad jurídica y la conducta de los/as adultos/as. Anteriormente, los/as tutores/as eran las personas que tomaban las decisiones de una persona con discapacidad intelectual, sin tener en cuenta los deseos o preferencias de esta. Con esta Ley esta figura desaparece y toma valor la del/de la curador/a, que es meramente representativa. La capacidad se convierte en la regla y la excepción es la incapacidad, tomándose esta medida solamente en caso de gravedad. Los/as jueces/as en la actualidad pueden evaluar y determinar el tipo de apoyo que una persona con discapacidad intelectual necesita para tomar decisiones legales, en lugar de incapacitar a la misma.

No obstante, esta medida es percibida por muchos familiares y cuidadores/as principales de las personas con discapacidad intelectual como “desconfianza” hacia ellos/as y conlleva mucha burocracia, que se considera innecesaria en algunos casos, como en los de las personas con discapacidad intelectual cuya autonomía no es factible. Otra novedad es la inclusión de “coordinadores/as”, profesionales encargados de la adaptación de los procedimientos legales para hacerlos comprensibles para las personas con discapacidad. Finalmente, la eliminación de la incapacidad judicial crea algunas dificultades para acceder a prestaciones sociales, que todavía están disponibles de forma limitada.

Factores de riesgo y de protección

Sin embargo, a pesar de las distintas legislaciones que tratan de proteger la integridad de las personas con discapacidad intelectual, la realidad es que estas no son excluyentes de los múltiples casos en los que la salud mental de estas personas se ve muchas veces afectada. Por esta razón es importante destacar la incidencia del suicido en la discapacidad intelectual.

Resulta interesante destacar que el trastorno con mayor incidencia en el suicidio es el trastorno del espectro autista (TEA) es una afección donde el suicidio cobra aun mayor interés siendo la segunda causa de muerte en este grupo. Las personas con TEA a menudo enfrentan factores de riesgo como agotamiento emocional, aislamiento social, falta de pertenencia y acceso limitado a apoyo profesional de salud mental. Los/as adolescentes que padecen este trastorno experimentan altas tasas de pensamientos suicidas, autolesiones e intentos, siendo el acoso escolar uno de los principales desencadenantes.

El suicido tiene una mayor incidencia en las personas pertenecientes a colectivos que representan minorías debido a una mayor exposición a prejuicios, discriminación y exclusión social, como es el caso de las personas con discapacidad y, en especial, las niñas y mujeres con discapacidad. Estas sufren una discriminación interseccional debido a su condición de género junto con su condición de persona con discapacidad. Esto puede resultar en diversos escenarios como una menor participación social y/o comunitaria, un mayor riesgo de sufrir aislamiento y soledad, una mayor probabilidad de sufrir situaciones de violencia de género o una mayor tendencia al suicidio.

Además de esto, muchos recursos pertenecientes a la red de salud mental cuentan con barreras y limitaciones que dificultan el acceso de las personas con discapacidad intelectual, lo que demuestra la enorme discriminación estructural que sufre este colectivo.

Aparte de los factores de riesgo mencionados, podemos encontrar diversos factores de protección que juegan un papel fundamental en la vida de estas personas. Las redes sociales, incluyendo la unidad familiar, serían esenciales para proporcionar los apoyos necesarios a las personas en tales situaciones de vulnerabilidad. Otro factor protector de vital importancia serían las habilidades y competencias de las que disponga la persona, como la inteligencia emocional y la capacidad de comunicación, ya que estas podrían favorecer su inclusión social y comunitaria.

Adicionalmente, como factor de protección estructural, durante las últimas décadas en España se han desarrollado varios recursos en materia de salud mental y discapacidad, como por ejemplo el Teléfono de la Esperanza, que ofrece diversos servicios para el acompañamiento y la intervención a personas con problemas de salud mental. Esta iniciativa también trata de impulsar la atención integral de personas con discapacidad. También se puede evidenciar el desarrollo de diferentes proyectos propios de las Comunidades Autónomas como por ejemplo el Código Riesgo Suicidio de Cataluña o el Proyecto Julia de Castilla y León. Estos proyectos tratan de empoderar y acompañar a personas con problemas de salud mental.

Asimismo, se están implementando cada vez más proyectos para personas con discapacidad intelectual, como por ejemplo AMI-TEA, que trata de proporcionar una atención médica integral a personas con trastornos del espectro del autismo. Este se encuentra en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Otro avance importante que ha dado España en materia de salud mental fue el lanzamiento de la primera aplicación para la prevención del suicidio, PREVENSUIC, desarrollada por la Fundación Salud Mental España.

Ninguno de estos se trata de proyectos específicos para personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Pero, en algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad de Madrid o Cataluña se ha desarrollado el SESM-DI, es decir, el servicio especializado en salud mental para personas con discapacidad intelectual.

Propuesta de intervención

De cara a lograr una disminución del índice de suicido en las personas con discapacidad intelectual, es esencial que puedan contar con medidas y recursos específicos en los que, desde el Trabajo Social, se pueda realizar una intervención y un acompañamiento de manera individualizada tratando de desarrollar los factores de protección y reducir los factores de riesgo de la conducta suicida. En estos recursos lo ideal será realizar un abordaje multidisciplinar e integral para realizar las intervenciones, combinando la atención centrada en la persona con un estilo holístico que contemple todas las dimensiones de su bienestar.

Para alcanzar este objetivo, es necesaria la creación de políticas públicas y eficaces con el objetivo de lograr una sociedad inclusiva en la que se garantice una accesibilidad universal, facilitando así el acceso a los servicios a los colectivos más vulnerables. Lo que supondría la creación de nuevos recursos que den respuesta a estas situaciones tan complejas mediante equipos compuestos por profesionales biopsicosociales. Estos equipos podrían realizar intervenciones centradas en la atención a la persona, teniendo en cuenta todas sus dimensiones, de cara a poder comprender el impacto que las situaciones tienen sobre la persona y poder ofrecer un acompañamiento integral.

Además de una atención personalizada, el Trabajo Social también tiene un papel esencial en la disminución de factores de riesgo sociales, ambientales, económicos e incluso familiares. Mediante intervenciones y recursos sociales es posible minimizar las variables que contribuyen de forma directa o indirecta a la conducta suicida de este colectivo. Intervenir en el contexto del/de la individuo/a puede suponer una mejora significativa en su calidad de vida, proporcionando redes de apoyo y herramientas para afrontar situaciones de vulnerabilidad.

Fomentar el respeto a la diversidad a través de actuaciones dentro del ámbito educativo también es una forma eficaz de reducir la discriminación. La prevención es una pieza clave para eliminar las desigualdades de nuestra sociedad, y la concienciación en la educación es esencial para ello. Asimismo, es crucial incorporar la perspectiva de género a la hora de trabajar con personas con discapacidad intelectual, ya que existen diferencias significativas en el comportamiento suicida de mujeres y hombres dentro de este colectivo.

Conclusión

En definitiva, los colectivos minoritarios que, por sus características intrínsecas, acumulan una mayor cantidad de factores de riesgo en diferentes ámbitos, como es el caso de las personas con discapacidad intelectual, presentan una mayor probabilidad de desarrollar conductas suicidas. Por lo tanto, es crucial darles visibilidad y reconocer que también son víctimas de los problemas de salud mental, con el fin de incluirlos en las estrategias y/o planes preventivos de suicidio vigentes en España.

La prevención de problemas de salud mental en personas con discapacidad intelectual debe ser inherente a su plena inclusión en la sociedad.

REFERENCIAS

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Comunidad de Madrid. (2011). Guía Práctica Discapacidad Intelectual y Salud Mental (2. ª ed.). https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013833.pdf

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https://fundacionadecco.org/blog/que-es-la-discapacidad-evolucion-historica/

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