SITUACIÓN ACTUAL EN PROTECCIÓN INFANTIL: ¿NUEVOS MEDIOS PARA VIEJOS FINES?

Silvia López Bueno

Resumen: Se realiza una aproximación a la situación actual del Sistema de Protección, encontrando un decrecimiento en los recursos materiales invertidos a la par que la introducción de lógicas mercantiles-neoliberales en la relación profesionales-familias. A continuación se exponen las situaciones paradójicas derivadas de estas prácticas y se plantea la necesidad de respuestas alternativas que permitan la participación de las familias junto con el mantenimiento de los elementos coercitivos inevitables en este tipo de intervención.

La presente comunicación pretende aportar algunos elementos que puedan ser de interés para la finalidad del Espacio Crítico-Reflexivo en el que se presenta: el diálogo en y entre diferentes ámbitos de la intervención del trabajo social. Y en este caso, ese ámbito es el del Sistema de Protección de Menores.

Para pensar y orientar esta aportación se ha prestado especial atención al calificativo del espacio: es un espacio “crítico- reflexivo” … ¿qué quiere decir esto?

Una mirada de tipo crítico implica que los principios y las prácticas que llevamos a cabo quienes participamos del Sistema de Protección puedan ser pensados y analizados en relación con lo macro, con el contexto social y económico en el que se desarrolla nuestra tarea. Preguntarnos entonces por la situación del Sistema de Protección de Menores actual en relación con estos factores macro puede ser un buen punto de partida para nuestro objetivo.

Aunque un análisis exhaustivo quede fuera de las posibilidades de esta comunicación, sí quería aprovecharla para compartir algunas impresiones a ese respecto. Estas provienen tanto de los datos cuantitativos como de percepciones personales compartidas con otras compañeras, todas ellas surgidas en el contexto del trabajo cotidiano con menores en desprotección y sus familias.

En relación con los datos cuantitativos, entre los recogidos en el Boletín de Datos Estadísticos de medidas de Protección a la Infancia (el último editado, con datos del 2021) se pueden encontrar algunas informaciones significativas:

• Hay un incremento notable en casos atendidos pero una tendencia descendente en cuanto a medidas de protección adoptadas (lo que se encuentra es un aumento de los casos en estudio muy importante, del 74,83 % con respecto al año 2019).

Ante estos datos cabría preguntarse por el motivo de ese aumento en los casos atendidos, sucediéndose las siguientes reflexiones a modo de hipótesis: Es cierto que en los últimos años se está produciendo cada vez más sensibilización hacia el maltrato infantil, que las modificaciones de las leyes han ampliado la definición de lo que consideramos violencia hacia la infancia, que sea establecido la obligación de la denuncia para toda la ciudadanía pero en especial para todos aquellos que desempeñen actividades relacionadas con la infancia, etc., … Pero no podemos olvidar tampoco que hemos pasado una pandemia global que ha impuesto un confinamiento en los domicilios sin precedentes y ha iniciado un nuevo ciclo de recesión económica, lo cual se traduce en un incremento del estrés y el malestar en las familias, razones que también podrían explicar que las situaciones de maltrato se hayan incrementado:

• Aparece también la tendencia a que las medidas de protección que se asumen se lleven a cabo en la modalidad de acogimiento familiar en lugar de en acogimiento residencial (que los niños estén en familias en lugar de en centros), y que los acogimientos familiares son en su mayoría en familia extensa en lugar de en familias ajenas o profesionalizadas. En línea con esta tendencia, podíamos pensar que otro de los datos que encontramos, la reducción del número de plazas en centros de protección no es más que una consecuencia lógica de ello.

Sin embargo, lo que está sucediendo es que las plazas en residencias disminuyen en mayor número que las medidas en acogimiento residencial, por lo que a pesar de que se acuerden menos acogimientos residenciales, las plazas para ellos son insuficientes, tal como se recoge textualmente en el citado Boletín:

“Recursos disponibles para la atención de menores de protección: vuelve a aumentar la brecha entre las plazas en centros de menores y los acogimientos residenciales, siendo 495 plazas menos” (Observatorio de la Infancia 2022, p. 76).

• Además de estar disminuyendo las plazas de los centros de protección, las que todavía quedan son en su mayoría de centros llamados “colaboradores”. Es decir, que, de las plazas en centros de protección, las de titularidad pública son el 12 %, frente al 82 % de plazas en centros de iniciativa privada pagadas con fondos públicos.

Volvemos de nuevo a pensar a modo de hipótesis: Parece que hay una tendencia a sustituir la institucionalización por los entornos familiares, en línea con las recomendaciones técnicas y lo recogido en la Reforma de la Ley del 2015, pero en paralelo a esto parece que asistimos también a una reducción de los recursos del Sistema de Protección. Los datos ponen de manifiesto que se dispone de menos plazas residenciales de las que aún se necesitan, que no hay un crecimiento significativo de las familias acogedoras profesionalizadas que puedan ser una alternativa a los centros o las familias extensas, etc. Además, aparece también claramente una tendencia a entregar la gestión de los presupuestos públicos para estos recursos a entidades de carácter privado (predominando de forma abrumadora el concierto con las llamadas “entidades colaboradoras” frente a la asunción directa por dispositivos de titularidad pública).

Junto a todos estos datos está la percepción, tanto personal como de otras compañeras con las que comparto la tarea en lo cotidiano, de que hay una tendencia en estos últimos años a incorporar prácticas y lógicas en el Sistema de Protección qué proceden de ámbitos ajenos al de la intervención social.
Aludimos con esto a la corriente que desde los años 90 está inundando a todo el sector público y que, en un contexto de crisis del Estado del Bienestar, está suponiendo la aplicación en los Servicios Públicos las mismas recetas que en el sector privado, y que es, expresado de forma muy burda “lograr clientes satisfechos con el menor coste posible”.

De nuevo aparece un tema sobre el que sería deseable extenderse, pero, aunque no esté dentro de las posibilidades de esta comunicación, sí podemos animar a la lectura del libro “El trabajo en red” de José Ramón Ubieto, del cual rescatamos la siguiente cita sobre el actual modelo de gestión de los servicios sociales:

Una gestión orientada hacia el usuario bajo la premisa “el cliente siempre tiene la razón”. Este hecho, que por un lado tiene aspectos muy positivos en cuanto a reconocimiento de derechos, tiene también sus efectos perversos. En cualquier caso, parece que ha modificado por completo la relación profesional-sujeto (Ubieto 2009, p. 47).

¿En qué consiste esa modificación? En que ahora las reglas de la relación entre profesionales y usuarios/as se van aproximando a las de una relación comercial, en las que los/as técnicos/as actúan como si fueran unos/as profesionales más del sector servicios frente a unos/as usuarios/as concebidos por la administración como consumidores/as.

Eso es lo que evocan por ejemplo las Cartas de Servicios, en las que se juega con la metáfora del “menú” para presentar a la ciudadanía las diferentes modalidades de atención que pueden ofrecer los Servicios Sociales, a la manera en que los comercios presentan en sus catálogos la variedad de productos entre los que el cliente puede elegir. O los mecanismos de participación que se proponen, como la publicación de comentarios en redes sociales y los cuestionarios de satisfacción, identificando (y/o confundiendo) de esta forma la participación con la expresión de la opinión como consumidor de un servicio. (Ayto. de Madrid 2023, p. 11).

Estas y otras manifestaciones de la actual situación del Sistema de Protección de Menores hacen que muchas compañeras, cómo técnicas de la intervención social y de la relación de ayuda, nos preguntemos ¿tienen sentido estas prácticas de mercado en el ámbito de servicios sociales? Y más aún, ¿en el ámbito de la protección de menores?

No podemos olvidar que en la intervención con maltrato infantil nos movemos en el contexto coercitivo, un contexto difícil pero muy potente, con gran efecto movilizador, gracias a que combina elementos tanto de ayuda como de control. El tema del control y su ejercicio en la práctica del trabajo social es uno de los más controvertidos de nuestra disciplina y ha dado lugar a diálogos muy ricos entre diferentes enfoques, como son el trabajo social crítico o las corrientes post-estructuralistas.

No obstante, más allá de posicionamientos particulares a este respecto, es indiscutible que la tarea que tenemos encomendada (proteger a los integrantes de la familia con menos poder de los abusos que de ellos hacen los adultos), se lleva a cabo mediante un Sistema de Protección que contempla esos elementos de control como necesarios e inevitables: porque hay leyes, porque hay medidas de protección administrativas y judiciales para lo/as menores, porque hay condenas penales por malos tratos y abusos hacia los/as niños/as y adolescentes, etc.

Pero como, por otro lado, se están aplicando lógicas de mercado en los servicios que se encargan de la Protección Infantil, nos encontramos con situaciones tan desconcertantes como que las profesionales pedimos a las familias que firmen estar de acuerdo con un Proyecto de Apoyo Familiar en el que se incluye una propuesta de tutela para su hijo o hija (tutela que por supuesto ellos no desean); o que nos estemos encontrando con que una vez solicitadas y acordadas medidas de protección para adolescentes, si él o la adolescente dice que no está de acuerdo con ella, esa medida no se ejecute.
Y como estas, otras tantas situaciones similares en las que familias y profesionales nos encontramos en posiciones imposibles: porque ni las familias son consumidoras, ni nuestra relación es de mercado, ni la satisfacción del/de la cliente/a es el criterio adecuado para valorar la calidad de nuestro trabajo. Un trabajo, por otro lado, en el que inevitablemente va a haber cuestionamiento y elementos de control que difícilmente van a ser vividos de forma positiva por las familias, sobre todo en el corto plazo.

¿Quiere esto decir que no se tenga que tener en cuenta la percepción de las familias? ¿Qué por estar en un contexto al que no acceden de forma voluntaria no tengan que ser escuchadas o promoverse su participación? Por supuesto que no es eso lo que pensamos.

Pero sí que tenemos que tener en cuenta que los mecanismos para promover todo esto no pueden ser los mismos que los de las relaciones de mercado. Y no olvidar que todas estas prácticas que se están introduciendo en aras de defender los derechos de las familias, están dándose en paralelo con un decrecimiento de los recursos públicos destinados a tal fin, del que de forma clara nos hablan las cifras (menos medidas de protección adoptadas, menos plazas de acogimiento residencial, una ley que prioriza el acogimiento familiar frente al residencial pero, al menos hasta el momento, sin unos programas que organicen una red de familias acogedoras, etc.).

Y aquí aparecen de nuevo las preguntas: ¿qué formas de participación podemos proponer desde el trabajo social diferentes a las que se plantean desde el modelo liberal?, ¿cómo salir de esta lógica en la que se concibe a la persona como sujeto económico, y por tanto su relación con los servicios, aunque sean Servicios Sociales, se establece desde la posición de consumidor?, ¿cómo podemos sostener y hacer compatibles los elementos coercitivos, imprescindibles en el trabajo de protección, con prácticas emancipadoras para los/as menores y sus familias?

En este sentido, no como respuesta sino como punto de partida, querría traer la siguiente cita de Karen Healy, recogida en su libro “Trabajo Social: perspectivas contemporáneas”:
“en muchos contextos de práctica, el control social explícito constituye una dimensión inevitable e irreductible de la práctica profesional. El reconocimiento del carácter inevitable del control social ejercido por los trabajadores de servicios directos a las personas reorienta la teoría de la práctica crítica hacia la exploración de cómo hacer que este poder sea cada vez más responsable y justo para quienes estén sometidos a él” (Healy, 2001, p. 95).

El trabajo social, como disciplina que tradicionalmente se ha desenvuelto en situaciones en las que no hay una demanda terapéutica pura, en situaciones en las que convergen elementos tanto de ayuda como de control, tiene mucho que aportar al trabajo en el ámbito de la protección Infantil. Las trabajadoras sociales somos especialistas en escuchar demandas implícitas, y desde esa posición en la que venimos siendo capaces de establecer relaciones que atienden mucho más de lo que la persona es capaz de pedir, tenemos la oportunidad de hacer aportes que garanticen derechos y promuevan emancipación a las familia alternativos a las propuestas mercantiles, que no conocen de la complejidad del sufrimiento y los vínculos humanos.
De aquí podrían venir esos “nuevos medios para viejos fines”.

REFERENCIAS:

• Ayuntamiento de Madrid. (2023). Carta de Servicios. Centros de Atención a la Infancia (CAI). Madrid: Ayuntamiento de Madrid. Extraído el 27 de julio, 2023, de https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/47%20CS%20Centros%20de%20Atenci%C3%B3n%20a%20la%20Infancia/Definitiva/C
• Healy, K. (2001). Trabajo Social: Perspectivas Contemporáneas. Madrid: Ed. Morata S.L.
• Observatorio de la Infancia. Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Secretaría de Estado de Derechos Sociales. (2022). Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia: datos 2021. Madrid: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
• Ubieto, J. R. (2009). El trabajo en red. Barcelona: Ed. Gedisa

Palabras Clave: Recortes en el Sistema de protección, Lógicas de mercado en Servicios Sociales, Practicas participativas en contexto coercitivo, Familias sujeto v. familias consumidoras