PRESENTAMOS «Apuntes De Trabajo Social»

Autora: Laura del Cerro Plaza  Resumen: La Constitución española de 1978 reconoce el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes. Este derecho fundamental en el caso de algunas personas adoptadas en el extranjero resulta en muchas ocasiones difícil de materializar, por lo que el puzle de su identidad resulta incompleto al ver frustrados sus deseos tras iniciar el proceso de búsqueda de sus orígenes.  Muchas de estas personas llegan a su mayoría de edad desorientados, frustrados y sin un claro proyecto vital, es por eso que, con el objeto de perseguir un cambio personal en la manera de configurar sus vidas se propone la creación de grupos de Ayuda Mutua basados en el apoyo emocional de sus miembros.

Autora: Manuela Martín Gómez En el presente artículo se hará un recorrido para conocer la situación de estas mujeres, una vez que llegan a España, qué protocolos se siguen, las limitaciones que tienen, los beneficios que pueden adquirir y su vida en España una vez interpuesta la demanda o bien una vez separada del maltratador, se mostrarán también algunos datos estadísticos para comparar.  Se analizará también el  papel de los y las  profesionales en todo este recorrido, desde el primer médico o médica  que la atiende, pasando por  la policía, trabajador o trabajadora social, hasta el último o última profesional. Finalmente, se realizará una breve comparación entre las medidas que deben de seguir estas mujeres y las limitaciones que tienen y los derechos fundamentales recogidos en la constitución española.

En el artículo se realiza un recorrido para dar a conocer la Libertad Condicional, partiendo de qué es y cómo se articula en España, las diferentes formas de acceder a ella, las funciones que, desde el Trabajo Social Penitenciario, se desarrollan en el seguimiento de las personas en situación de Libertad Condicional y el importante valor que desempeña en el cumplimiento del mandato que la Constitución encomienda a la Administración Penitenciaria en la reinserción social.

El reconocimiento del Grado de Discapacidad, recogido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, es un proceso a través del cual, una persona que padece una afección física, mental, intelectual, sensorial o del desarrollo, así como alguna enfermedad compleja, es valorada por un equipo multidisciplinar de cara a reconocer el grado de afectación que esta situación supone para la persona, dificultado su participación plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad que el resto de la ciudadanía.